En cada ocasión que los estudiantes y las organizaciones populares se movilizan en el espacio público, los medios de comunicación al servicio de las clases dominantes chillan al unísono: ¡Violencia! Se suceden las imágenes de jóvenes encapuchados que levantan barricadas, arrojan piedras sobre la fuerza pública y destruyen parte del equipamiento urbano. Los conductores de televisión, los reporteros en la calle y una variada gama de opinólogos condenan rápidamente los hechos. Se suceden sin ningún rigor conceptual anatemas tales como: “Violentistas”, “terroristas”, “anarquistas”, “lumpen”, “delincuentes”, etc. Pero nadie, no obstante, se ha preocupado de analizar de manera rigurosa las causas que precipitan la comisión de los actos violentos y mucho menos se ha intentado explicar el profundo trasfondo político que subyace a este tipo de protesta.Quienes protagonizan este tipo de manifestaciones son personas (mayoritariamente jóvenes populares), profundamente molestas con el sistema de dominación de clase existente actualmente en el país. Están molestos con el modelo económico que los explota a ellos, a sus hermanos o sus padres; están molestos con la estructura inequitativa de la sociedad que condena a una parte importante de la población a la miseria o al endeudamiento crónico; están molestos con la represión policial, que golpea cotidianamente sus poblaciones; están molestos con el imaginario simbólico que recrea un mundo de fantasía que sólo se encuentra disponible para unos pocos privilegiados. Existe un largo acumulado de tensiones, frustraciones y desencantos que se han venido acentuando y que, hoy día, en el marco de las movilizaciones sociales (estudiantiles, medioambientales, indígenas y recientemente de trabajadores), se expresan como rebeldía popular.
Se trata de una rebelión espontánea, en la cual no se visibiliza con claridad ningún tipo de centralidad ideológica. No, a lo menos, como se observó en América Latina y Chile entre las décadas de 1960 y 1980. Tampoco se pude negar la existencia de organizaciones sociales y políticas que se reconocen en núcleos ideológicos, como el anarquismo o el marxismo, que participan activamente en los enfrentamientos callejeros. Pero, a mi juicio, estas organizaciones no poseen hoy día un control efectivo sobre dicho enfrentamiento. Es más, una parte de las acciones violentas que se han podido observar recientemente carecen de conducción política y de orientación ideológica: Por ejemplo, los ataques a pequeños establecimientos comerciales y el saqueo de colegios en la periferia urbana. No obstante, en estas acciones, así como en los ataques contra los grandes supermercados, las cadenas de farmacias, las instituciones financieras o los centros comerciales, existe un denominador común: La rabia. De ahí que estas acciones continúen expresando el profundo descontento social que la inequidad ha venido construyendo.
Es más, la espontaneidad de las acciones violentas remite, incluso, a la forma escasamente estructurada que poseen los ataques contra los dispositivos represivos del Estado. La masa arremete contra carabineros sin planificación operativa alguna y, normalmente, armada sólo con los recursos que provee el medio urbano (piedras y adoquines). Por lo mismo, se puede caracterizar como una violencia de baja intensidad. Particularmente si la ponemos en relación con los conflictos sociales y políticos que se viven actualmente en Colombia, México o Brasil.
Cabe señalar que este tipo de manifestaciones no son en absoluto novedosas. Por el contrario, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se hicieron particularmente recurrentes. Cada vez que se producía una crisis económica que afectaba a la subsistencia de las clases populares o en cada oportunidad en que la legitimidad del régimen político experimentó un importante grado de deterioro, la furia popular irrumpió en el espacio público. Sólo por mencionar algunos hitos emblemáticos podemos referir, el motín de los tranvías de 1888, la huelga de la carne de 1905, el motín urbano de abril de 1957 y las protestas populares contra la Dictadura Militar del ciclo 1983-1987. En todas esas ocasiones, y en muchas más que podríamos enumerar, los manifestantes saquearon o intentaron saquear los establecimientos comerciales de la burguesía, atacaron tanto la sede de gobierno como los palacios señoriales en los cuales se regocijaba y ostentaba impúdicamente su riqueza la oligarquía, se enfrentaron con las fuerzas represivas del Estado y destruyeron parte del equipamiento u ornamentación pública. En todas esas oportunidades, además, la represión, al igual que hoy, actuó con particular saña y alevosía. Es importante señalar que en este tipo de manifestaciones siempre los muertos se encuentran en las filas de los que protestan; no de quienes reprimen. Por el contrario, quienes históricamente han masacrado al pueblo han recibió premios y ascensos; como fue el caso de Roberto Silva Renard, el general responsable de la matanza de la Escuela Domingo Santa María de Iquique en 1907. Mientras que hoy día los crímenes alevosos, como el de Manuel Gutiérrez, son calificados como “violencia innecesaria causando la muerte”, lo cual supone para el criminal, en el peor de los casos, una condena de tres años de prisión.
En el contexto de esta asimetría de fuerzas y de recursos los medios de comunicación al servicio de la burguesía cumplen la tarea de criminalizar la protesta popular. Pero lo que sucede hoy día con los medios de comunicación no es muy diferente de lo que ocurría a comienzos del siglo XX, en el contexto de la emergencia de la llamada “cuestión social”. Efectivamente, las protestas obreras, que demandaban mejores condiciones laborales y de vida, no sólo eran violentamente reprimidas; también eran criminalizadas. Quienes protestaban eran “enemigos de la patria, de la propiedad y de la religión”. Hoy, como ayer, existe un control monopólico sobre los principales medios de comunicación; tanto impresos (El Mercurio y COPESA), como en radio y televisión. Ello hace que la línea editorial referida a la conflictividad social se uniforme: Las demandas son “desmedidas”, los estudiantes son “intransigentes”, las propuestas están “ideologizadas”, etc. Luego, ante la imposibilidad de invisibilizar la protesta, se instala el discurso homogenizador en torno a las formas correctas de movilizarse: Lo lúdico, lo festivo, lo carnavalesco. Y, de la misma manera, se encuadra el “sentido” de la manifestación: Que sea autorizada, que se desarrolle donde las autoridades quieren, que programáticamente se ajuste a lo que el sistema puede ofrecer y que se autoregule en su trayectoria y desarrollo. En consecuencia, toda manifestación que rompa con las “formas políticamente correctas de expresarse” es rápidamente anatemizada y criminalizada. No obstante, lo que más llama la atención es esta verdadera ausencia de profesionalismo o rigor de los periodistas adscritos a estas cadenas, que no sólo no hacen su pega, sino que se convierten más bien en espurios portavoces del gobierno o de los patrones. A ese efecto habría que destacar que situaciones de violencia “estructural”, como la desigual distribución de la riqueza, la explotación laboral, la expoliación comercial de las grandes cadenas de retail o la usurpación y represión de que han sido objeto históricamente los mapuche, o no concitan el interés periodístico o son rotuladas con eufemismos. Por ejemplo, estos medios jamás han hablado en el caso de Manuel Gutiérrez de asesinato o de alevosía. Se han referido a su deceso como “la muerte del joven poblador”; como si se hubiese muerto en su cama de causas naturales. Pero si han enfatizado en el arrepentimiento que habría mostrado el carabinero que lo mató. Estas violencias estructurales son, sin lugar a dudas, un factor clave en el desencadenamiento de las violencias reactivas que protagonizan los jóvenes populares.
Otro aspecto particularmente preocupante es la configuración de un escenario de enfrentamiento “horizontal” entre quienes participan de las manifestaciones populares. Al respecto creo que es necesario considerar dos situaciones. Por una parte, se puede observar un importante grado segmentación social entre quienes protestan. Efectivamente, una parte de los estudiantes adscritos a las carreras profesionales aparentemente más exitosas (medicina, ingenierías, derecho, etc.), provienen de estratos socioeconómicos más acomodados o dotados de un mayor “capital cultural”. Estos estudiantes universitarios se refieren a los jóvenes no universitarios (secundarios y subocupados), como: “flaites”, “sopaipillas”, “lumpen”, etc., reproduciendo, de esta forma, el discurso estigmatizador y criminalizador del gobierno y los patrones. Luego, encuadrados en el discurso de la “manifestación políticamente correcta”, se pueden llegar a convertir en delatores (cuando señalan a sus compañeros a la policía), o en agentes directos de la represión (cuando detienen y entregan a la misma policía a estos compañeros). Hay mucha irresponsabilidad en el gobierno, en los medios de comunicación e incluso entre algunos dirigentes sociales, cuando impelen a estas personas a enfrentarse con los manifestantes encapuchados. El día de mañana si se llega a producir un enfrentamiento fatal la responsabilidad política estará entre quienes incitan al conflicto fratricida.
Otra línea de interpretación remite a los dos fundamentos constitutivos de la sociedad de clase en Chile: El orden público y la propiedad. Si debemos reconocerle un mérito a la oligarquía primero y la burguesía después, fue haber elevado estos dos principios a la condición de valores naturales; alcanzado incluso un importante nivel de transversalización social. Muchos creen, hoy día, que tienen algo que perder: Un auto, un pequeño negocio, la casa. Y lo meritorio del sistema fue haber instalado en este sector de la sociedad que la amenaza la constituye el “otro” desprovisto o precarizado. De aquí surge el viejo y reiterado discurso fascistoide de la “mano dura”. Cualquier amenaza a la propiedad deviene en amenaza al orden público. En consecuencia el recurso a la represión se valida ampliamente.
En este contexto la violencia encapuchada se convierte, también, en una rebelión simbólica y cultural. Es la rebelión contra todas las formas inveteradas que ha asumido la subordinación; es el rechazo al “mandé patrón”, “como usted diga jefe”, “perdone mi cabo”. El encapuchamiento rompe con toda forma de subordinación y en cuanto ruptura constituye una disonancia no sólo para el Estado y los patrones, sino que, también, para quienes han internalizado el discurso oficial. No obstante encapucharse es un acto político, en cuanto expresa la voluntad de rebelión frente a las condiciones estructurales de la violencia (económica, social y política) y, por otro lado, es un gesto de desafío frente a la pusilanimidad con la cual se ha hecho política en Chile.
Igor Goicovic Donoso, Director del Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile
Se trata de una rebelión espontánea, en la cual no se visibiliza con claridad ningún tipo de centralidad ideológica. No, a lo menos, como se observó en América Latina y Chile entre las décadas de 1960 y 1980. Tampoco se pude negar la existencia de organizaciones sociales y políticas que se reconocen en núcleos ideológicos, como el anarquismo o el marxismo, que participan activamente en los enfrentamientos callejeros. Pero, a mi juicio, estas organizaciones no poseen hoy día un control efectivo sobre dicho enfrentamiento. Es más, una parte de las acciones violentas que se han podido observar recientemente carecen de conducción política y de orientación ideológica: Por ejemplo, los ataques a pequeños establecimientos comerciales y el saqueo de colegios en la periferia urbana. No obstante, en estas acciones, así como en los ataques contra los grandes supermercados, las cadenas de farmacias, las instituciones financieras o los centros comerciales, existe un denominador común: La rabia. De ahí que estas acciones continúen expresando el profundo descontento social que la inequidad ha venido construyendo.
Es más, la espontaneidad de las acciones violentas remite, incluso, a la forma escasamente estructurada que poseen los ataques contra los dispositivos represivos del Estado. La masa arremete contra carabineros sin planificación operativa alguna y, normalmente, armada sólo con los recursos que provee el medio urbano (piedras y adoquines). Por lo mismo, se puede caracterizar como una violencia de baja intensidad. Particularmente si la ponemos en relación con los conflictos sociales y políticos que se viven actualmente en Colombia, México o Brasil.
Cabe señalar que este tipo de manifestaciones no son en absoluto novedosas. Por el contrario, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se hicieron particularmente recurrentes. Cada vez que se producía una crisis económica que afectaba a la subsistencia de las clases populares o en cada oportunidad en que la legitimidad del régimen político experimentó un importante grado de deterioro, la furia popular irrumpió en el espacio público. Sólo por mencionar algunos hitos emblemáticos podemos referir, el motín de los tranvías de 1888, la huelga de la carne de 1905, el motín urbano de abril de 1957 y las protestas populares contra la Dictadura Militar del ciclo 1983-1987. En todas esas ocasiones, y en muchas más que podríamos enumerar, los manifestantes saquearon o intentaron saquear los establecimientos comerciales de la burguesía, atacaron tanto la sede de gobierno como los palacios señoriales en los cuales se regocijaba y ostentaba impúdicamente su riqueza la oligarquía, se enfrentaron con las fuerzas represivas del Estado y destruyeron parte del equipamiento u ornamentación pública. En todas esas oportunidades, además, la represión, al igual que hoy, actuó con particular saña y alevosía. Es importante señalar que en este tipo de manifestaciones siempre los muertos se encuentran en las filas de los que protestan; no de quienes reprimen. Por el contrario, quienes históricamente han masacrado al pueblo han recibió premios y ascensos; como fue el caso de Roberto Silva Renard, el general responsable de la matanza de la Escuela Domingo Santa María de Iquique en 1907. Mientras que hoy día los crímenes alevosos, como el de Manuel Gutiérrez, son calificados como “violencia innecesaria causando la muerte”, lo cual supone para el criminal, en el peor de los casos, una condena de tres años de prisión.
En el contexto de esta asimetría de fuerzas y de recursos los medios de comunicación al servicio de la burguesía cumplen la tarea de criminalizar la protesta popular. Pero lo que sucede hoy día con los medios de comunicación no es muy diferente de lo que ocurría a comienzos del siglo XX, en el contexto de la emergencia de la llamada “cuestión social”. Efectivamente, las protestas obreras, que demandaban mejores condiciones laborales y de vida, no sólo eran violentamente reprimidas; también eran criminalizadas. Quienes protestaban eran “enemigos de la patria, de la propiedad y de la religión”. Hoy, como ayer, existe un control monopólico sobre los principales medios de comunicación; tanto impresos (El Mercurio y COPESA), como en radio y televisión. Ello hace que la línea editorial referida a la conflictividad social se uniforme: Las demandas son “desmedidas”, los estudiantes son “intransigentes”, las propuestas están “ideologizadas”, etc. Luego, ante la imposibilidad de invisibilizar la protesta, se instala el discurso homogenizador en torno a las formas correctas de movilizarse: Lo lúdico, lo festivo, lo carnavalesco. Y, de la misma manera, se encuadra el “sentido” de la manifestación: Que sea autorizada, que se desarrolle donde las autoridades quieren, que programáticamente se ajuste a lo que el sistema puede ofrecer y que se autoregule en su trayectoria y desarrollo. En consecuencia, toda manifestación que rompa con las “formas políticamente correctas de expresarse” es rápidamente anatemizada y criminalizada. No obstante, lo que más llama la atención es esta verdadera ausencia de profesionalismo o rigor de los periodistas adscritos a estas cadenas, que no sólo no hacen su pega, sino que se convierten más bien en espurios portavoces del gobierno o de los patrones. A ese efecto habría que destacar que situaciones de violencia “estructural”, como la desigual distribución de la riqueza, la explotación laboral, la expoliación comercial de las grandes cadenas de retail o la usurpación y represión de que han sido objeto históricamente los mapuche, o no concitan el interés periodístico o son rotuladas con eufemismos. Por ejemplo, estos medios jamás han hablado en el caso de Manuel Gutiérrez de asesinato o de alevosía. Se han referido a su deceso como “la muerte del joven poblador”; como si se hubiese muerto en su cama de causas naturales. Pero si han enfatizado en el arrepentimiento que habría mostrado el carabinero que lo mató. Estas violencias estructurales son, sin lugar a dudas, un factor clave en el desencadenamiento de las violencias reactivas que protagonizan los jóvenes populares.
Otro aspecto particularmente preocupante es la configuración de un escenario de enfrentamiento “horizontal” entre quienes participan de las manifestaciones populares. Al respecto creo que es necesario considerar dos situaciones. Por una parte, se puede observar un importante grado segmentación social entre quienes protestan. Efectivamente, una parte de los estudiantes adscritos a las carreras profesionales aparentemente más exitosas (medicina, ingenierías, derecho, etc.), provienen de estratos socioeconómicos más acomodados o dotados de un mayor “capital cultural”. Estos estudiantes universitarios se refieren a los jóvenes no universitarios (secundarios y subocupados), como: “flaites”, “sopaipillas”, “lumpen”, etc., reproduciendo, de esta forma, el discurso estigmatizador y criminalizador del gobierno y los patrones. Luego, encuadrados en el discurso de la “manifestación políticamente correcta”, se pueden llegar a convertir en delatores (cuando señalan a sus compañeros a la policía), o en agentes directos de la represión (cuando detienen y entregan a la misma policía a estos compañeros). Hay mucha irresponsabilidad en el gobierno, en los medios de comunicación e incluso entre algunos dirigentes sociales, cuando impelen a estas personas a enfrentarse con los manifestantes encapuchados. El día de mañana si se llega a producir un enfrentamiento fatal la responsabilidad política estará entre quienes incitan al conflicto fratricida.
Otra línea de interpretación remite a los dos fundamentos constitutivos de la sociedad de clase en Chile: El orden público y la propiedad. Si debemos reconocerle un mérito a la oligarquía primero y la burguesía después, fue haber elevado estos dos principios a la condición de valores naturales; alcanzado incluso un importante nivel de transversalización social. Muchos creen, hoy día, que tienen algo que perder: Un auto, un pequeño negocio, la casa. Y lo meritorio del sistema fue haber instalado en este sector de la sociedad que la amenaza la constituye el “otro” desprovisto o precarizado. De aquí surge el viejo y reiterado discurso fascistoide de la “mano dura”. Cualquier amenaza a la propiedad deviene en amenaza al orden público. En consecuencia el recurso a la represión se valida ampliamente.
En este contexto la violencia encapuchada se convierte, también, en una rebelión simbólica y cultural. Es la rebelión contra todas las formas inveteradas que ha asumido la subordinación; es el rechazo al “mandé patrón”, “como usted diga jefe”, “perdone mi cabo”. El encapuchamiento rompe con toda forma de subordinación y en cuanto ruptura constituye una disonancia no sólo para el Estado y los patrones, sino que, también, para quienes han internalizado el discurso oficial. No obstante encapucharse es un acto político, en cuanto expresa la voluntad de rebelión frente a las condiciones estructurales de la violencia (económica, social y política) y, por otro lado, es un gesto de desafío frente a la pusilanimidad con la cual se ha hecho política en Chile.
Igor Goicovic Donoso, Director del Magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile
